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Investigación de Pensilvania se debe continuar, profundizar y ampliar

Padre Mario Manríquez.- La investigación del gran jurado de Pensilvania, si es ética y es congruente en la búsqueda del bien superior del menor deberá continuarse, profundizarse y ampliarse. Como sacerdote católico estoy muy interesado en que no se pare esta investigación, sino que se lleve hasta las últimas consecuencias.

La Iglesia Católica en voz del mismo Papa Francisco y de los Obispos de la mayoría de las Diócesis de Pensilvania, ha reconocido el grave daño causado por los casos de abusos de sacerdotes. No basta con reconocerlo, el Papa Francisco se han comprometido en Dublín a dar los pasos necesarios para acabar con este flagelo en la Iglesia, caiga quien caiga.

Hasta aquí la Iglesia se muestra dispuesta a poner de su parte buscando la seguridad de sus fieles y evidentemente busca evitar más escándalos.

¿Pero cuál fue la verdadera intención del Gran Jurado de Pensilvania? ¿Del fiscal Josh Shapiro? A esos niveles de poder, la presunción de recta intención no se presupone, ya que muchas veces no existe. La única razón ética que pudo tener el gran jurado al realizar esta investigación, es buscar la justicia, el bien de los inocentes, no sería ético si solo se hubiera hecho una investigación para dañar o desprestigiar a la Iglesia Católica.

Por ello afirmo, que la investigación que realizó el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, debe continuarse, profundizarse y ampliarse.

Debe continuarse porque el gran jurado de Pensilvania convocado por la oficina del fiscal general del Estado en 2016 escuchó a docenas de testigos y revisó más de medio millón de documentos internos de las Diócesis implicadas: Allentown, Erie, Greensburg, Harrisburg, Pitssburgh y Scranton, y solamente arrojó –léalo con claridad querido amigo- cargos contra dos clérigos, incluido un sacerdote que desde el inicio se declaró culpable.

Además, el otro que supuestamente obligó a su acusador a decir confesión después de cada agresión sexual. La gran mayoría de los sacerdotes ya identificados como abusadores están muertos o es probable que eviten arresto porque sus presuntos crímenes son demasiado viejos para ser procesados, según la ley estatal.

Además de estos miserables frutos de lo que se llamó una ”gran investigación” del gran jurado, debemos decir que no fueron reveladas las identidades de la gran mayoría de los miembros del clero, que permanece bajo el sello de la corte.

Es por ello que considero que la investigación del gran jurado debe continuar, porque si bien la Iglesia tiene el deber de que sus sacerdotes se comporten con integridad, en el sistema de justicia norteamericano corresponde a las autoridades la investigación exhaustiva de cualquier crimen, máxime si como lo dijeron, suma más de mil víctimas.

La Iglesia no tiene más que perder, al contario, le conviene que esta investigación continúe, lo debe exigir, para recuperar la propia credibilidad, y lo mismo el Gran Jurado, tiene que continuar la investigación, si no lo hace, podríamos pensar con fundamento, que la investigación solo se condujo por los intereses de los golpes mediáticos contra la Iglesia.

El riesgo para el gran jurado al continuar la investigación, sería también dejar al descubierto, su vacío de actuación durante los 70 años que supuestamente abarca la investigación, mientras ocurrían estos abusos.

¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaba el sistema de justicia norteamericano? En el fondo deberá quedar clara la respuesta a la pregunta: ¿Es la Iglesia Católica la que ocasionó los abusos, o son fallas de una sociedad, de una forma de vida, que afecta a todas sus instituciones incluyendo la Iglesia Católica?

Debe profundizarse, de poco nos sirve conocer el número de víctimas y abusadores, cuando la tecnología y la ciencia de las corporaciones norteamericanas pueden indicar con precisión patrones de conducta de los victimarios para poder saber la falla dentro de la Iglesia, o donde esté, para poder corregirla de raíz.

¿Cuál fue la causa que detonó esta conducta de abusos en estos señalados? Fue la pornografía, fueron abusados en su infancia o adolescencia, o no fueron formados adecuadamente para el servicio y ministerio que debieron desempeñar, o le faltaron leyes a la Iglesia en su interior, u órganos reguladores de supervisión.

Es necesario profundizar en la investigación y llegar a esto, que le debe interesar al gobierno de Pensilvania porque al final de cuentas, es en ese estado donde ocurrieron esos crímenes, y el estado fue ineficaz para prevenirlos, y esto también debe cambiar.

También debe profundizarse en las investigaciones para saber a quién le contaron estas víctimas lo que habían padecido, quién los atendió y quién les ignoró; hubo escucha de parte de sus padres, hubo escucha y acción de parte de policías o agencias de seguridad en su momento, o acaso debemos creer que a lo largo de 70 años, con más de 1000 víctimas y 300 abusadores. ¿Nunca hubo una acusación formal?

Las estadísticas dicen que en estos casos el promedio de denuncia es por lo menos del 10%. Porque siempre se señala que la Iglesia fue omisa para atender a las víctimas, ¿pero fue la única? Son preguntas que el gran jurado debe resolver.

Debe ampliarse porque si en un estado como Pensilvania se descubre que una sola institución pudo dañar a más de mil inocentes, es ilógico pensar que no haya más instituciones en las cuales se hayan cometido crímenes de este tipo.

Si el gran jurado y el fiscal actúan éticamente, deberán ampliar la investigación a todas sus instituciones deportivas (no hay que olvidar el caso del doctor Lawrence Nassar, médico encargado del equipo de gimnasia olímpica estadounidense, que fue condenado a una pena de entre 40 y 175 años de prisión por abusar sexualmente, él solo de más de 150 mujeres, a quienes les dañó de por vida).

Instituciones educativas, gubernamentales (no debemos olvidar el caso más sonado y jamás castigado del presidente de Estados Unidos en febrero de 1998 cuando Bill Clinton de 49 años de edad protagonizó el escándalo político sexual con la empleada de la Casa Blanca Mónica Lewinsky de tan solo 22 años, quien fue contratada para trabajar como pasante en la mismísima Casa Blanca), y religiosas.

Claro siempre y cuando la meta sea ética, es decir que se busque proteger a los menores de abusos.

Es por ello que invito a la Fiscalía de Pensilvania y al gran jurado a que continúe, profundice y amplíe sus investigaciones porque los datos que ésta arroje, servirán no solo a la Iglesia, sino también a Pensilvania, y también a ciudades concretas como Ciudad Juárez, mi ciudad, donde el abuso de menores dentro del mismo ámbito familiar, permanece en la más completa impunidad y sin la mínima medida de prevención.

¡Adelante la investigación!